A principios de 1814 el Imperio francés se había derrumbado. Napoleón había abdicado el 6 de abril, y las fuerzas de la coalición de Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria ocuparon París a finales de marzo. El mapa de Europa todavía mostraba el control francés del Rin, el Reino de Italia, el Ducado de Varsovia y los territorios anexados de los Países Bajos. Las potencias victoriosas enfrentaban el problema de impedir un estado dominante único y de restaurar un equilibrio que disuadiera futuras guerras.
El Congreso de Viena se abrió el 1 de octubre de 1814 en el Palacio Hofburg. Los delegados principales fueron el ministro de exteriores austríaco Klemens von Metternich, el secretario de exteriores británico Robert Stewart (Vizconde de Castlereagh), el zar ruso Alejandro I, el rey prusiano Federico Guillermo III y el ministro de exteriores francés Charles‑Maurice de Talleyrand. Metternich presidió las reuniones y propuso un principio de legitimidad, que significaba que los tronos debían ser restaurados a los gobernantes hereditarios desplazados por la conquista francesa.
La primera decisión importante concernió a las tierras alemanas. El Sacro Imperio Romano Germánico había sido disuelto en 1806; el congreso creó la Confederación Alemana de 39 estados soberanos, que abarcaba aproximadamente 540 000 kilómetros cuadrados y una población de 35 millones. La Confederación estaba liderada por Austria e incluía a Prusia, Baviera, Sajonia y muchos ducados menores. El segundo acuerdo clave involucró a Italia. El Reino de Cerdeña recuperó sus fronteras prebélicas, los Estados Pontificios fueron restaurados y el Reino de las Dos Sicilias se restableció bajo Fernando IV. El antiguo estado cliente francés del Reino de Italia fue disuelto, y el Imperio austríaco recibió Lombardía‑Venecia, una región de unos 150 000 kilómetros cuadrados.
Un tercer pacto decisivo concernió a los Países Bajos. El Reino Unido de los Países Bajos se formó al unir la antigua República Holandesa (población 2,2 millones) con los Países Bajos austríacos (población 2,1 millones). Esto creó un estado de 65 000 kilómetros cuadrados destinado a servir como barrera contra una futura expansión francesa. A cambio, Gran Bretaña aseguró la cesión de la Colonia del Cabo y Ceilán a los holandeses, y mantuvo el control de Malta.
El congreso concluyó el 9 de junio de 1815 tras la derrota de Napoleón en Waterloo. Su acto final, el Acta Final del Congreso de Viena, registró 100 artículos que definían fronteras, restauraciones dinásticas y el principio de seguridad colectiva plasmado en la Alianza Cuádruple. El acuerdo perduró casi un siglo, proporcionando un marco que limitó las grandes guerras en Europa hasta 1914.
La Asamblea Legislativa se reunió en la Salle du Manège el 1 de octubre de 1791, sustituyendo a la disuelta Asamblea Nacional Constituyente y comenzando la primera legislatura constitucional de la Revolución Francesa. Su creación cumplió la Constitución de 1791, que transfirió el poder soberano del rey a un parlamento unicameral elegido por ciudadanos activos.
La Asamblea estaba compuesta por 745 diputados, de los cuales 330 fueron clasificados como girondinos, 130 como jacobinos y el resto como moderados o independientes. Jean‑Joseph Mounier, de 45 años, fue elegido presidente y se le encargó dirigir los debates y mantener el orden. Presidió la sesión inaugural en la que la Constitución exigía la declaración del nuevo papel del rey. El 3 de octubre la Asamblea aprobó un decreto que declaraba a Luis XVI, entonces de 20 años, “Rey del Pueblo y no del Derecho Divino”, limitando su autoridad a un veto que podía ser anulado por una mayoría de tres quintos.
Luis XVI, nacido en 1754, firmó la carta constitucional el 3 de septiembre de 1791 pero mantuvo el control del ejército y la política exterior. En la primera sesión pronunció un discurso el 3 de octubre afirmando su lealtad a la constitución mientras advertía que “la nación no debe confundir la libertad con la anarquía”, observación registrada en las actas de la Asamblea. Sus palabras reflejaban el intento del rey de preservar su influencia mientras aceptaba el marco legal.
Diputados clave moldearon la agenda legislativa inicial. El abad Sieyès, de 36 años, presentó un informe sobre la organización de la milicia, lo que condujo a la ley del 14 de octubre que creó 300 000 soldados ciudadanos. El diputado Maximilien Robespierre, de 34 años, introdujo una propuesta para suspender la pena de muerte por delitos políticos, que la Asamblea rechazó con una votación de 384 a 240. El diputado Pierre‑Paul Régis, un moderado, redactó el decreto que estableció el Comité de Seguridad Pública el 6 de octubre, proporcionando a la Asamblea un mecanismo para supervisar la seguridad nacional.
La primera sesión también abordó la crisis financiera confirmando el préstamo de 30 millones de libras propuesto por el ministro de finanzas Jacques‑Pierre Brissot, de 28 años, que fue aprobado por una estrecha mayoría de 389 a 356. Este préstamo estaba destinado a financiar la nueva milicia y estabilizar la tesorería.
Las acciones iniciales de la Asamblea fijaron los límites legales al poder monárquico, crearon un ejército ciudadano y establecieron un comité de seguridad, reorientando la gobernanza francesa hacia una república constitucional. En tres meses la Asamblea se disolvería, entregando el poder a la Convención Nacional, que más tarde aboliría la monarquía por completo.
El Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley el 1 de octubre de 1890 que creó el Parque Nacional Yosemite en California. La legislación, conocida como la Ley de Concesión de Yosemite, fue presentada por el representante John M. G. Miller y copatrocinada por el senador John F. Miller. Declaró que el Valle de Yosemite y el Bosque de Mariposa de secuoyas gigantes estaban "reservados y protegidos para uso público, recreo y esparcimiento". El proyecto de ley pasó por el Comité de Tierras Públicas de la Cámara el 24 de septiembre de 1890, donde recibió una votación mayoritaria de 120 a 45. Luego fue aprobado por el Senado el 28 de septiembre con una votación de 38 a 12. El presidente Benjamin Harrison firmó la ley en la Casa Blanca a las 2:30 p.m., completando el proceso legislativo.
La ley respondió a una serie de presiones públicas y privadas. En las décadas de 1860 y 1870, la tala comercial y la minería amenazaban los acantilados de granito y las cascadas del valle. Conservacionistas como John Muir escribieron extensamente sobre la necesidad de preservar el paisaje, y el Sierra Club, fundado en 1892, citaría más tarde la ley de 1890 como precedente. El gobierno federal ya había reservado la tierra bajo la Concesión de Yosemite de 1864, pero esa concesión permitía la explotación privada. La ley de 1890 transfirió la propiedad del estado de California al gobierno federal, proporcionando un mecanismo legal para impedir la extracción adicional de recursos.
La ley asignó 1,5 millones de dólares en fondos federales para la administración inicial del parque, una suma que cubrió la contratación de un superintendente, la construcción de caminos básicos y el establecimiento de una pequeña fuerza de guardabosques. El primer superintendente, James S. Hutchinson, fue nombrado el 15 de octubre y comenzó a contratar a tres guardabosques a finales del año. El parque se abrió al público con una estimación de 5 000 visitantes en su primer verano, número que creció a 20 000 para el año 1900, demostrando un interés público inmediato.
La creación del Parque Nacional Yosemite sentó un modelo para áreas protegidas posteriores. La ley de 1890 demostró que el Congreso podía usar la legislación para preservar grandes paisajes naturales, concepto que luego se aplicó a Yellowstone, Sequoia y al sistema de parques nacionales en su conjunto. También estableció un precedente para la financiación federal de la infraestructura del parque, lo que permitió al Servicio de Parques Nacionales, creado en 1916, gestionar y ampliar el sistema. La preservación de los icónicos acantilados de granito y cascadas de Yosemite sigue atrayendo a millones de visitantes cada año, cumpliendo la intención original de la ley de proteger el paisaje para las generaciones futuras.
España transfirió el vasto territorio de Luisiana a Francia al firmar el Tercer Tratado de San Ildefonso. El tratado fue el resultado de un esfuerzo diplomático secreto liderado por el ministro de exteriores francés Talleyrand y el primer ministro español Godoy, que buscaban restablecer la influencia francesa en América del Norte tras la pérdida de gran parte de su imperio colonial.
El mecanismo de la transferencia fue una cesión formal de soberanía, no una venta. España retuvo el derecho de ocupar la tierra por un período limitado mientras Francia organizaba la administración. En la práctica, el tratado estipulaba que España entregaría el territorio "en su debido momento" y que la corona francesa asumiría todas las reclamaciones. El documento se selló el 1 de octubre de 1800, pero la entrega real no se produjo hasta 1803 porque Francia seguía en guerra con Gran Bretaña y necesitaba tiempo para asegurar la región.
Las partes involucradas fueron el rey Carlos IV de España, que firmó en nombre de la corona española, y Napoleón Bonaparte, que, como Primer Cónsul de Francia, autorizó el tratado a través de su ministro Talleyrand. Godoy negoció la cesión a cambio del apoyo francés contra Gran Bretaña y de una promesa de un futuro préstamo francés de 30 millones de francos, suma que España nunca recibió. El tratado también excluía la colonia española de Texas, que permanecía bajo control español.
La cesión alteró el equilibrio de poder en el continente. Antes del tratado, los Estados Unidos consideraban la cuenca del río Mississippi como una frontera disputada, sin título claro sobre las tierras al oeste del río. Después de que Francia recuperó el control, la perspectiva de una potencia europea poderosa en la ribera occidental del río se convirtió en una crisis diplomática. El presidente Jefferson respondió autorizando la compra de todo el territorio de Luisiana a Francia por 15 millones de dólares en 1803, una transacción que duplicó el tamaño de los Estados Unidos y estableció el principio de adquisición de tierras a gran escala mediante negociación en lugar de conquista.
Así, el tratado rompió la larga imposibilidad de una transferencia pacífica de estado a estado de un territorio a escala continental en el Nuevo Mundo. Creó una nueva norma: los Estados Unidos podían expandirse hacia el oeste mediante compra, sentando un precedente para futuras anexiones y moldeando el destino continental de la nación.
La Universidad de Stanford abrió sus puertas el 1 de octubre de 1891 en la localidad que más tarde llevaría su nombre. Leland Stanford, exgobernador y magnate ferroviario, y su esposa Jane financiaron la institución con 40 millones de dólares, una suma destinada a honrar a su único hijo, Leland Jr., que murió de fiebre tifoidea a los 15 años. Su donación estableció que la universidad admitiera a hombres y mujeres sin distinción de raza, una política inusual para una universidad privada a finales del siglo XIX.
El campus inicial de la universidad comprendía 8 180 acres de tierras agrícolas, bosque de secuoyas y un pequeño centro urbano. La construcción comenzó en 1885 y las primeras clases se impartieron en el nuevo Main Quad, hoy conocido como Inner Quad. La facultad inaugural contaba con 30 miembros y la primera clase de primer año matriculó a 555 estudiantes, la mitad de los cuales eran mujeres. La matrícula se fijó en 15 dólares por período, una tarifa cubierta en gran parte por el fondo fiduciario de los Stanford.
La apertura generó empleo inmediato para más de 200 empleados y atrajo a profesores de todo Estados Unidos. En cinco años la universidad otorgó sus primeros títulos y, para 1900, el alumnado había crecido a 1 200 estudiantes. La presencia de una universidad de investigación impulsó el desarrollo de Palo Alto y del condado de Santa Clara circundante, contribuyendo a un aumento poblacional de aproximadamente el 30 por ciento entre 1890 y 1910.
El énfasis temprano de Stanford en la investigación y la coeducación influyó en el sistema de educación superior estadounidense. Su modelo de gran universidad de investigación financiada privadamente inspiró la creación de instituciones similares, particularmente la expansión del sistema de la Universidad de California. Los programas de ingeniería y agricultura, financiados por la dotación original, produjeron innovaciones como la primera emisora de radio comercial (KZSU) en 1922 y la investigación temprana en informática que condujo al desarrollo del nodo ARPANET en Stanford en la década de 1970.
El impacto a largo plazo de la apertura de 1891 se evidencia en la matrícula actual de más de 17 000 estudiantes y su condición de institución líder en investigación. El compromiso original con la inclusión, aunque no se realizó plenamente hasta la era de los derechos civiles, sentó las bases para políticas posteriores que abrieron el campus a una población diversa. La dotación, que ahora supera los 30 mil millones de dólares, sigue financiando becas, puestos docentes e iniciativas de investigación, vinculando directamente la filantropía del siglo XIX de los Stanford con los avances científicos y educativos contemporáneos.
